AgustinZ

Un breve artículo que sintetiza los principales casos de corrupción y escándalos públicos que asolaron al país durante la década del noventa. Espero que sirva como material de consulta. Cualquier actualización que puedan agregar en los comentarios, lo agradezco desde ya. La mayoría automática La ampliación del número de jueces de la Corte Suprema de cinco a nueve determinó el nacimiento de la “mayoría automática” (que siempre dictaminó a favor del gobierno de Menem): Julio Nazareno, Eduardo Moliné O' Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez. El 5 de abril de 1990 la Cámara de Diputados sancionó la ampliación de la Corte con una ley que no recibió el debido trato parlamentario, ya que su aprobación fue en general y no en particular. Durante los 13 años en que presidió la Corte, Julio Nazareno (ex-socio de Menem en un estudio jurídico de La Rioja) acumuló 300 pedidos de juicio político en su contra y renunció en 2003 cuando finalmente uno de ellos fue aprobado por la Cámara de Diputados, que había hecho lugar a 44 cargos en su contra. El pasaporte de Al-Kassar El traficante de armas sirio Monzer al-Kassar había sido procesado por la presunta falsificación de certificados para obtener la ciudadanía argentina -que logró en 24 horas sin hablar una palabra de español- en 1990. En el año 2000 Al-Kassar declaró que que Menem ordenó a Migraciones que "se me otorgara la residencia y yo fui allí con un funcionario de la más alta confianza del presidente", posiblemente Amira Yoma. Durante muchos años circuló el rumor de que la corbata y el saco que el sirio lucía en la foto del pasaporte pertenecían a Menem. En abril de 2003 el juez Jorge Ballestero declaró prescripta la investigación contra Al-Kassar, pero la Cámara Federal la reabrió. Este tribunal confirmó, en cambio, la prescripción que benefició a un funcionario de Migraciones. Los guardapolvos de Bauzá En 1990, el Tribunal de Cuentas formuló una denuncia por la adquisición, mientras Eduardo Bauzá era ministro de Salud y Acción Social, de un millón trescientos mil guardapolvos a la empresa Herrera Hermanos SA, que los cobró antes de entregarlos. De la declaración jurada de la empresa surgía que estaba inactiva desde hacía dos años, que su capital no alcanzaba al precio de un guardapolvo y que no había presentado balances, ni siquiera certificación de su existencia. Su presidente era un indigente. La jueza María Romilda Servini de Cubría se hizo cargo de la investigación, pero sólo procesó a los empleados del depósito que recibían los guardapolvos y a tres integrantes de la empresa. Contra Bauzá sólo quedó un expediente en el Tribunal de Cuentas, aunque no por mucho tiempo, ya que cuando ese organismo fue disuelto y reemplazado por la Auditoría General de la Nación, el gobierno indultó 2300 causas administrativas y judiciales pendientes, entre ellas la del ministro. Los menemtruchos En 1991, como director de la Casa de la Moneda, el amigo personal de Menem, Armando Gostanián, a quien el presidente llamaba cariñosamente “Gordo bolú”, soportó dos escándalos: la emisión de moneda con numeración duplicada y los tristemente célebres "menemtruchos", billetes con el rostro de Menem que hizo imprimir en auténtico papel moneda y con marca de agua original, para repartir entre amigos a guisa de una humorada. Tampoco nunca quedó clara la compra de papel moneda que hizo Gostanian a un precio del 185% superior al del mercado. Mientras tanto las denuncias que pesaban sobre él por la emisión de menemtruchos quedaron sin resolución. El propio Presidente Menem no lo condenó siquiera de palabra por su conducta. La mala leche Miguel Ángel Vicco y Carlos Spadone fueron los protagonistas del caso de la leche adulterada vendida al Estado argentino en 1991. En marzo de aquel año, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia había ordenado la compra de leche en polvo para embarazadas, menores de 2 años y desnutridos. Las firmas Molfino, Manfrey, Mastellone y Sancor decidieron entonces no disputar la operatoria porque estimaron imposible reunir la cantidad de leche requerida en el tiempo disponible, sólo 60 días. Spadone, por entonces asesor de Menem y proveedor del Estado en forma simultánea, sí participó, resultando el único oferente. Spadone y dos colaboradores, Carlos Santunione y Néstor Lorenzo ocultaron la importación de la leche desde Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Uruguay. Además alteraron las fechas de vencimiento de la mercadería y la fijaron en seis meses, plazo mínimo que exigía el pliego. Pero la leche estaba vencida, contaminada con la bacteria Escherichia coli y, según un examen del Conicet y de investigadores holandeses, algunas partidas presentaban una "sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente (de la central nuclear) de Chernobyl", ocurrido en los años 80. La causa se inició por una denuncia del fallecido dirigente socialista Simón Lázara, que había denunciado la "venta de leche en mal estado" al Ministerio de Salud y Acción Social. Vicco renunció como secretario privado de Menem y el juez Ballestero le dictó falta de mérito a Spadone, pero la causa fue reabierta. En 2003, la Cámara Federal condenó a Spadone a dos años y medio de prisión en suspenso (no fue preso), pero en septiembre de 2005 se cerró la causa por aplicación de la nueva ley de prescripción. El Swiftgate En el verano de 1990-1991, el embajador norteamericano Terence Todman envió una nota al gobierno argentino denunciando un pedido de coima a la empresa Swift para agilizar trámites de radiación de capital. La empresa quería importar maquinarias de alta tecnología, que iban a ser destinadas a la ampliación de su planta ubicada en Rosario (provincia de Santa Fe) sin pagar impuestos por 4,4 millones de dólares, de acuerdo a la ley de promoción industrial. Se trataba de una inversión de 140 millones de dólares y estaba trabada, por lo menos, la segunda parte de la suma -71 millones- en el despacho de Emir Yoma. El incidente se conoció el 6 de Enero de 1991 gracias a una nota del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12. El presidente Menem calificó a Verbitsky de “delincuente periodístico” y como consecuencia del escándalo, renunciaron el entonces ministro de Economía Erman González, el asesor presidencial Emir Yoma y el ministro Roberto Dromi. El Yomagate Uno de los casos más resonantes del menemismo fue la denuncia de que fuertes sumas de dinero proveniente del narcotráfico eran transportadas desde Estados Unidos para ser blanqueadas en Argentina con la participación de altos funcionarios del gobierno menemista. El escándalo estalló en 1991 cuando el periodista Román Lejtman lo denunció en el diario Página 12. Los involucrados fuerno Amira Yoma, cuñada y secretaria de audiencias del presidente Menem, su marido, el sirio Ibrahim Al Ibrahim, asesor de Aduanas (no hablaba español), actualmente prófugo de la justicia y el secretario de recursos hídricos, Mario Caserta. Este último fue condenado a 5 años de prisión por la causa. La banda también la componían José Lezcano Patiño, o Ramón Puentes, condenado en Estados Unidos, que era quien movía la droga desde allí en los años 80. Sus lugartenientes eran Mario Anello e Indalecio Iglesias. Una carga de 595 kilos de cocaína decomisados en Cabo Verde, pertenecientes a la organización, permitió la detención de Iglesias, que reveló cómo era toda la estructura. Su relato permitió descubrir que la organización tenía una ramificación aquí. La organización traía el dinero proveniente de la venta de drogas en valijas desde Miami hasta Nueva York y de allí a Buenos Aires. Ibrahim Al Ibrahim operaba en la Aduana para que las valijas (“samsonite”) evadieran los controles. Parte de la suma ingresada en el país fue invertida aquí y "blanqueada" con la compra de inmuebles, la constitución de empresas y la adquisición de joyas, y otra parte era enviada a Uruguay, donde se la depositaba en las cuentas de otros involucrados. El diputrucho El 26 de marzo de 1992 se sesionaba en la Cámara de Diputados para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Presidía la sesión Alberto Pierri, el Justicialismo necesitaba 130 diputados para alcanzar el quórum. Se votó a mano alzada y al levantarse la sesión algunos periodistas percibieron que un intruso había votado. El impostor que se había hecho pasar por diputado era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano de Alberto Samid. Kenan, no obstante, no fue el único intruso ese día. Había cinco más, que al no ser descubiertos en ese momento consiguieron escapar, todos colaboradores de diputados justicialistas. Esos diputados eran Felipe Solá, quien echó de inmediato a su empleado infiel; el salteño Carlos Romero (posteriormente candidato a vice de Menem en 2003); el mendocino Nicolás Becerra, quien desmintió categóricamente haber formado parte de la operación, el porteño Eduardo Varela Cid y el fueguino Carlos Manfredotti. Samid y Kenan fueron condenados a algunos meses de prisión en suspenso. Al ser interrogado, Kenan célebremente respondió que lo habían hecho sentar en una banca "porque estaba descompuesto". El caso se conoció como “el diputrucho”. Contrabando de armas En 1992 se exportaron 6500 toneladas de armas argentinas a Croacia (en violación a un embargo de la ONU) y a Ecuador (siendo Argentina garante de un tratado de paz entre este país y Perú). La venta fue autorizada por un decreto secreto que llevaba la firma del presidente Menem y los ministros Camilión y Cavallo, entre otros. Por este hecho el Estado argentino fue defraudado en 60 millones de dólares. Se probó que el sirio Monzer Al-Kassar participó en la operación como intermediario. Las familias Al-Kassar y Menem provienen del mismo pueblo en Siria, y se cree que estarían emparentadas. En el marco de esta causa la testigo clave Lourdes di Natale fue asesinada dos semanas antes de declarar contra Menem y Emir Yoma. El 3 de noviembre de 1995 se produce la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que devastó la ciudad y provocó 7 muertos además de innumerables heridos. En junio de 2001 Carlos Menem fue detenido y procesado por el Juez Urso, pero seis meses después la Corte Suprema emitió un fallo absolutorio en su favor. En 2007 fue procesado nuevamente en esta causa, pero se encuentra amparado por sus fueros parlamentarios. Al-Kassar fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos, donde un tribunal de Nueva York lo condenó a 30 años de prisión por participar en la venta de armas a las FARC. Atentado a la AMIA El 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló en la AMIA con el luctuoso saldo de 86 muertos. En 2004 un tribunal federal comprobó que el juez que hacía 10 años investigaba la causa, Juan José Galeano, había sobornado, siguiendo instrucciones del gobierno de Menem, a uno de los inculpados para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense. En 2005 fue procesado por 27 cargos y destituido. Además, el ex juez Galeano fue procesado por el supuesto desvío de la llamada "pista siria" en la causa AMIA, que apuntaba a una familia de ese origen allegada a la familia del ex presidente Carlos Menem. En la misma causa también están procesados por "encubrimiento" el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex comisario Jorge `Fino` Palacios. Coimas IBM-Banco Nación Un millonario fraude al Estado fue perpetrado en 1994 mediante la contratación a IBM para la informatización del Banco Nación. La licitación para la puesta en marcha del proyecto "Centenario”, consistente en informatizar 525 sucursales del Nación, fue confeccionada para que sólo IBM pudiera ganarla, contra el pago de 37 millones de dólares en coimas, de los cuales llegaron a pagarse 21 millones. El caso fue denunciado por el periodista Santiago Pinetta, en el libro “La Nación Robada”. Pinetta, que financió la publicación del libro con una vaquita y presentó la denuncia penal personalmente en un juzgado federal, sufrió 3 atentados mafiosos, en uno de los cuales fue atropellado, y en otro le escribieron “IBM” en el cuerpo con una trincheta. Algunos años después terminó mendigando en las estaciones de subterráneos porteños. En el marco de esta causa, Marcelo Cattáneo, apareció ahorcado con una nota periodística sobre el caso en su boca. Su hermano Juan Carlos, secretario de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, era el testigo más importante de la causa y su deceso siempre fue considerado un suicidio. Escándalos del PAMI Interventora Matilde Menéndez. Se probó que el directorio de la obra social de los jubilados otorgaba préstamos de dinero a terceros ajenos al organismo, en lugar de depositarlos en los bancos oficiales para obtener intereses y lograr una mayor rentabilidad de los fondos del organismo. Interventor Víctor Alderete. Fue sobreseído en una causa por manejos irregulares en el PAMI tras pasar 15 meses en prisión. Interventor Carlos Alderete. Acusado en la causa sobre irregularidades detectadas en la remodelación del Hogar Viamonte. El PAMI otorgó la obra por contratación directa a una empresa en 3,5 millones de dólares. El juez Ballestero le dictó falta de mérito, pero la causa fue reabierta. Sobresueldos La causa se inició en 1994 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. El juez Martínez de Giorgi dió por acreditado que "durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló, por parte de los funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, un sistema por el cual se destinó dinero público (asignado originalmente por Ley de Presupuesto a gastos de inteligencia y seguridad del Estado) para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos". Las pruebas son las declaraciones testimoniales de ex empleados y ex funcionarios y hasta los dichos de los propios acusados, que no negaron el cobro de esos sobresueldos. Una pericia incorporada a la causa habla de hasta 400 millones de dólares. El dinero provenía de fondos reservados de la SIDE y otros organismos. Por la causa fueron procesados el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray. Además, en esta causa ya estaban procesados el ex ministro de Defensa Oscar Camilión (actualmente enjuiciado junto con Menem por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia) y el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez. La servilleta de Corach En 1996, Domingo Cavallo narró que el ministro del Interior Carlos Corach tuvo el desparpajo de anotarle en una servilleta el nombre de cinco de los muchos jueces federales que él, junto al ministro de Justicia Elías Jassan, controlaba: Carlos Branca, Jorge Urso, Adolfo Bagnasco, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. Estos eran la punta del iceberg de un sistema judicial de protección de contrabandistas, corruptos y evasores vinculados al gobierno. El juez Branca, acusado de liderar una asociación ilícita en el escándalo de la “aduana paralela”, fue absuelto por un tribunal en 2008. El Y2K En 1999, para prevenir el "Efecto Y2K" -como se denominó a las eventuales consecuencias informáticas de la llegada del año 2000- la Secretaria de la Función Pública y ex-interventora en Corrientes, Claudia Bello, contrató los servicios de empresas de publicidad para alertar sobre las posibles consecuencias nocivas de ese hecho con relación a los sistemas informáticos. La Oficina Anticorrupción la acusó de haber adjudicado, sin licitación, contratos por consultoría por 9 millones de dólares. Algunos personajes emblemáticos Carlos Grosso. Intendente de Buenos Aires nombrado por Menem, adjudicó en forma irregular el Campo Municipal de Golf y el Velódromo de Buenos Aires a una empresa fantasma cuyos socios estaban vinculados al Secretario de la Presidencia Alberto Kohan. En mayo de 1991, fue denunciado por la aprobación del proyecto que cedió al empresario Salomón Salem la planta baja de la escuela Nº 16 Presidente Mitre, ubicada en Pueyrredón y Sarmiento, y 25 locales en la feria municipal CAM-74, a cambio de archivar un reclamo por una deuda y remodelar la escuela. Esto fue conocido como el escándalo de la “escuela-shopping”. Grosso renunció en 1992, pero reapareció como asesor durante la fugaz presidencia de Rodríguez Sáa en 2001. Las causas en su contra ya prescribieron. Erman González. Entre marzo y junio de 1990 el riojano, en un hecho sin precedentes, ejerció simultáneamente como Presidente del Banco Central argentino y Ministro de Economía, en flagrante violación a la supuesta independencia entre las dos instituciones. Asumió en la cartera de Defensa tras renunciar por el Swiftgate. En mayo de 1999 renunció al cargo cuando se hizo público que cobraba simultáneamente el sueldo de ministro y una jubilación como retirado del Estado. En enero de 2000 se reveló que su patrimonio financiero había crecido ocho veces entre 1993 y ese año, según las presentaciones que él mismo había hecho a la Oficina Anticorrupción. Falleció en 2007 cuando todavía se tramitaban varias causas en su contra. María Julia Alsogaray. El mayor símbolo de la gestión menemista, imperecederamente asociada a la corrupción y la ostentación de la década del 90 en la Argentina. Dirigió las privatizaciones de las empresas estatales ENTeL y Somisa, en medio de enormes irregularidades. Posteriormente fue Secretaria de Medio Ambiente, y desde ese puesto participó de varios episodios bochornosos. El 4 de enero de 1993 prometió que el Riachuelo estaría limpio “en 1000 días” y se comprometió a nadar en el río transcurrido dicho período. Las obras de saneamiento jamás despegaron. En enero de 1996 un pavoroso incendio consumió 20 mil hectáreas de bosque y llegó hasta las puertas de la ciudad de Bariloche ante la total pasividad de la ingeniera, que adujo que su repartición “no tenía jurisdicción” en esa zona. Su rol más infame lo representó al posar semi-desnuda en la tapa de la revista Noticias, cubierta apenas por un tapado de piel de bisón. Por enriquecimiento ilícito, Alsogaray fue condenada en 2004 a tres años de prisión. Estuvo 19 meses detenida. La sentencia quedó firme a fines de 2008, y eso fue lo que permitió que el tribunal oral le ordenara devolver a las arcas públicas el dinero cuyo origen no pudo justificar (850 mil dólares y varias propiedades). Fuentes: archivos de La Nación, Página 12 y Clarín